Trabajadores amenazados si votan por la izquierda

En Perú se disputan las elecciones para elegir al próximo Presidente. Las dos opciones son Keiko Fujimori (extrema derecha) y Pedro Castillo (izquierda). En este proceso democrático el voto es un elemento fundamental; sin embargo, en el último tramo de esta contienda se vienen realizando denuncias de trabajadores que indican que son condicionados o amenazados por sus empresas si es que eligen al candidato de la izquierda.

“Los jefes están metiendo miedo, dicen que Pedro Castillo es un terrorista que odia a la Derrama Magisterial y que consideremos eso antes de votar ya que la empresa (Librerías Crisol) podría quebrar”, señala J. 

La Derrama Magisterial es una institución de seguridad social privada de los profesores del sector público, y a la vez un conglomerado de negocios que van desde el sector retail hasta el hotelero.

En el 2016, DM, —por sus siglas— adquirió Librerías Crisol, cadena que posee más del 50% del mercado editorial en el país, y que tenía como socios al exministro de Educación y expremier durante el gobierno aprista, Antonio Chang, al expresidente, Alan García y a Jaime Carbajal, quien fue denunciado por venta ‘oculta’ de libros al Estado, según una investigación de IDL-Reporteros.

DM es acusada de corrupción por una gran parte de docentes —sobretodo de provincias— que la conforman. Dicho sector fue parte de la huelga de maestros del 2017 que inició en Cusco, y que actualmente respalda la candidatura de Pedro Castillo. 

Teniendo esto como contexto, J menciona que como trabajador de la DM se siente ofendido porque la cadena Crisol cree que no son lo suficiente capaces de discernir su voto, es decir, tener claro los pro y contra de cada candidato.

“Y que de antemano nos digan que la candidata del fujimorismo sea de por sí la mejor opción, sin ver más allá de sus bolsillos”, cuenta.

J tiene sus diferencias con la izquierda, pero indica que de ninguna manera considera al fujimorismo como el mal menor. “A mi parecer, es el mal en sí mismo”, afirma.

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N labora en AMG International E.I.R.L., una empresa norteamericana dedicada al callcenter.

En uno de los chats grupales de su empresa le reenviaron un mensaje del gerente general, quien mencionaba que el recado “no debía ser interpretado como condicionamiento”, pero que como empresa privada debían marcar postura.

Por ende, la única opción que consideraban era “votar por el oponente al comunismo”.

N indica que su empresa envía estos psicosociales porque están apoyando al fujimorismo, estos maltratos le hacen pensar que no hay democracia. 

“A ningún trabajador se le puede obligar a dar el voto a un partido que no sea de su preferencia, tampoco tienen derecho a amenazarnos psicológicamente con quedarnos sin trabajo”, manifiesta.

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En una reunión por videollamada, el gerente del área de F les dijo que si ganaba Pedro Castillo, las ventas bajarían al 50% y de inmediato se despediría a la mitad del equipo.

F dice que luego del coaccionamiento en Decor Center, —empresa dedicada a la venta de acabados de construcción—, hubo compañeros que no pudieron dormir o que simplemente no querían trabajar más. 

«Nos dijo que pensemos y hablemos con nuestros conocidos para que “voten bien”», afirma.

F cuenta que esto le afecta a nivel psicológico. “Saber que quizá en dos meses ya no esté trabajando, todo pierde sentido”.

“A las empresas para las que trabajamos no les interesan nuestras necesidades, falencias o preocupaciones.  Por ningún motivo deberían amenazarnos con nuestros puestos de trabajo, menos en plena pandemia”, comenta.

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En Twitter se viralizó un video en donde Kenji Fujimori, hermano de Keiko Fujimori e hijo del dictador, Alberto Fujimori, condiciona los votos de obreros de construcción civil.

“El Perú y todos nosotros nos vamos a joder”, dice Kenji Fujimori en el video que publicó en sus redes sociales y en donde indica que a los obreros les explicó “las terribles consecuencias de una tiranía comunista”.

Fuentes allegadas al sector informaron a Mataperrea que esta obra es el proyecto “Qiu” ubicado en Surco, perteneciente a la empresa inmobiliaria, Espacios y Estructuras (también EE Inmobiliaria), la cual, según su página web, también es miembro de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), el gremio de desarrolladores inmobiliarios más grande del Perú que está asociado a la Confiep.

Hoy tuve la oportunidad de conversar con trabajadores de construcción civil, explicándoles las terribles consecuencias de una tiranía comunista en el Perú. Sería terrible separar a las familias y embargar el futuro de las próximas generaciones.#NoalcovidNoalcomunismo pic.twitter.com/ZcUEEJ84Vt

— Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) April 29, 2021

Sunafil, un fantasma 

Luis Villanueva, secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil Perú (FTCCP), indicó que son muchas empresas que están haciendo estos actos de proselitismo a favor de Keiko Fujimori.

En ese sentido, exigieron a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), —ente que debe garantizar y vigilar el respeto a los derechos laborales—, a que elabore una directiva en donde se prohíba la injerencia política de los empresarios en los trabajadores, “lo cual está prohibida en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y en convenios internacionales de la OIT ratificados por el Estado peruano”.

Asimismo, rechazaron estas prácticas e indicaron que durante el gobierno de Alberto Fujimori se eliminaron derechos laborales y se asesinó al líder sindical, Pedro Huilca Tecse, entonces secretario general de la FTCCP y  la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Al respecto, la abogada constitucionalista y dirigenta sindical, Lily Ku, sostuvo que este tipo de conductas claramente vulneran el derecho fundamental al voto, cuyo ejercicio debe ser libre. 

“Si bien el Código Penal contempla el delito electoral de “inducción a no votar o hacerlo en sentido determinado”, que tiene una pena no menor de uno ni mayor de cuatro años de prisión, en el ámbito laboral esto constituiría una infracción muy grave al tratarse de una conducta que vulnera la dignidad de los trabajadores y el ejercicio de sus derechos constitucionales, de conformidad con el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo”, comentó.  

Ku y la FTCCP coinciden en que la Sunafil debería realizar una directiva para sancionar este tipo de condicionamientos y presiones que afecta el derecho al voto personal, libre y secreto de los trabajadores.

Sin embargo, ya han pasado varias semanas desde que se vienen denunciando estos hechos pero la Sunafil sigue en silencio. 

“A nivel nacional tenemos pocos inspectores (menos de 800), y si a eso le sumamos sus denuncias por la falta de condiciones adecuadas para desarrollar sus labores de supervisión, entonces tienes todos los ingredientes para hacer que el servicio de fiscalización laboral en el Perú no funcione”, apuntó Ku. 

Nos comunicamos con Sunafil, pero no hubo respuesta. Llamamos a Juan Carlos Requejo, jefe de dicha entidad y exviceministro de Trabajo, pero solo nos manifestó: “Lo siento, no puedo hablar ahora”.

*Las letras o iniciales no corresponden a los nombres y apellidos de los trabajadores que dieron sus testimonios, debido a la protección de su identidad y por ser un eslabón débil dentro de una empresa que podría utilizar su poder para despedirlos u hostigarlos.

*Las personas en las fotografías no corresponden a los trabajadores que ofrecieron sus testimonios para esta historia.

Texto: Jair Sarmiento

Edición: Carolina Morales

Fotografía: Rodrigo Díaz

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