A pesar de haber transcurrido siete años, Bertha Villalobos sigue caminando y buscando con la mirada algún rostro conocido entre los vendedores de la zona comercial-industrial Las Malvinas, en el distrito de Cercado de Lima (Perú).
En el cruce de la Avenida Guillermo Dansey y el Jirón Huarochirí ya no hay nada, solo un espacio vacío rodeado de autos y ambulantes, pero en el 2017 existía el edificio de la exGalería Nicolini y sobre la azotea se habían apilado contenedores de metal de forma irregular para que trabajadores operen en condiciones precarias a puertas cerradas y con escasa iluminación. En ese espacio, los jóvenes comían, y también orinaban en una botella. El dueño del negocio, Jonny Coico Sirlopu, al que solo conocían como ‘Gringo’, les colocaba cadenas y candado a las puertas con la excusa de que así no robarían su mercadería.
El hijo de Bertha, Luis Huamán Villalobos (19) trabajaba en uno de esos ‘containers’ junto a su amigo del barrio del asentamiento Humano Vista Alegre, Jovi Herrera Alania (20). Los dos lijaban la marca Duratel de los tubos fluorescentes, para luego sellarlos con la popular marca Phillips. Lo hacían desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. de lunes a sábado. Por hacer esa labor que les costaba todo el medio día solo recibían S/ 25 a S/ 30 diarios.
Luis y Jovi eran un par de muchachos que tenían una vida en donde no tenían muchas opciones de trabajo. La necesidad vuelve a uno más práctico y despreocupado ante los riesgos. Ambos ni siquiera imaginaban que un día se iniciaría un incendio que duraría más de un día entero, y del cual ninguno saldría vivo. Sus cuerpos fueron recuperados cinco días después de aquel 22 de junio de 2017, cuando las llamas ya habían cedido.
Este 2024 se cumplieron siete años de aquella catástrofe laboral y las familias de los dos jóvenes obreros fallecidos no pueden procesar el duelo porque sus muertes aún no obtienen justicia.
El Estado le redujo la pena de cárcel a los empresarios explotadores, aunque uno de ellos se encuentra prófugo. Los funcionarios municipales prosiguen su carrera pública y los parientes de las víctimas no reciben la indemnización que se fijó en la sentencia. Además, la demanda civil que presentaron de manera directa fue rechazada este año.
Antes de que el inmueble desapareciera, Bertha acudía allí constantemente para buscar justicia para Luis. La demolición del edificio de la exGalería Nicolini se inició en el 2022 hasta dejar un terreno baldío. Se destruyó una construcción que recordaba cuán vulnerables son los derechos laborales en el Perú, pero la memoria, como la de Bertha, sigue intacta.
Encerrar a trabajadores es una práctica de la esclavitud moderna que sigue reproduciéndose hasta la actualidad. Si uno busca en internet se puede hallar varios reportes similares en otras regiones del país. El año pasado, 2023, dos trabajadores de la empresa Cicsa, contratista de América Móvil Perú (Claro), fallecieron de la misma forma.
La historia del incendio de Las Malvinas es la historia del actual marco laboral peruano.
LA ESPERA
Aquel junio de 2017, Bertha se enteró viendo las noticias que había un incendio cerca de la Plaza Dos de Mayo, en la entonces galería Nicolini. Estaba angustiada, y por eso llamó a Luis, su hijo, pero este le dijo que estaba fuera del lugar y que regresaría pronto. Sin embargo, veinte minutos después, una segunda llamada le revelaría la verdad.
“Mamá, estoy en el incendio. Estoy encerrado con llave. No te preocupes porque ya me vienen a sacar. El dueño viene a sacarme ya”, le dijo Luis.
Bertha, su esposo, sus hijas y más familiares empezaron a movilizarse, pero no había mucho que pudieran hacer. Llamaban a Luis y le pedían que saque la mano por una rendija del contenedor para que los rescatistas lo ubicaran. A pesar de los esfuerzos, la voracidad de las llamas impidió a los bomberos llegar a los contenedores.
Un joven callado, tímido y tranquilo, así recuerda Bertha Villalobos a Luis. La depresión en la que quedó sumida luego de la intempestiva muerte de su hijo no le permitió seguir en la tienda de zapatos donde trabajaba.
Bertha Villalobos dejó su casa, se mudó a otro distrito y se sumergió en un vaivén de trámites, documentos y audiencias para buscar justicia. No fue sencillo. Es una mujer de 57 años que no está acostumbrada a la tecnología y a veces se le complica hallar los archivos que le envían sus abogados por WhatsApp, sobre todo porque no tiene sus números guardados con nombre en el celular.
Dos defensoras públicas llevan el proceso por trata de personas y el proceso por el incendio, mientras que un abogado particular —al que Bertha y su familia pagan con mucho esfuerzo— lleva el proceso por la indemnización que exigen a los empleadores y a instituciones del Estado.
En 2018, el Poder Judicial condenó a los dueños de este comercio informal, la pareja de esposos Jonny Coico Sirlopu y Vilma Zeña Santamaría, por los delitos de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud. Sin embargo, al año siguiente la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel disminuyó de 35 a 30 años de cárcel la sanción contra Coico; y de 32 a 15 años para Zeña, una fugitiva a la que recién en julio de 2023 el Ministerio del Interior le fijó una recompensa de S/ 50 000 por información que facilite su captura. Pero actualmente, sus datos ya no aparecen en el portal de recompensas. Vilma Zeña presentó una demanda de hábeas corpus contra la sala del Poder Judicial que la condenó y tiene una audiencia programada ante el Tribunal Constitucional este 16 de octubre.
En el plano de las responsabilidades administrativas, los funcionarios de la Municipalidad de Lima, Cristian Rosenthal Ninpaytan y Mario García Martinez, fueron condenados por permitir que se trabajara incumpliendo normas municipales en la exGalería Nicolini, pese al alto riesgo. La sentencia de primera instancia por el delito contra la administración pública en la modalidad de omisión en el cumplimiento de sus funciones, se publicó en setiembre de 2018. Meses después, en marzo de 2019, confirmó la condena: pena suspendida, inhabilitación de cargos públicos y reglas de conducta por un año, además de pagar una reparación de S/ 10 000 cada uno. Para entonces, ambos seguían su carrera en el Estado, como funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo (Lambayeque). Cristian Rosenthal era gerente general y hombre de confianza del alcalde, mientras que Mario García se desempeñaba como subgerente de Fiscalización.
Aunque más de una sentencia reconoce a Luis como víctima mortal, la reparación económica que ordenaron los jueces sigue pendiente. Por ello, los deudos iniciaron una demanda de indemnización por daños y perjuicios, y por incumplimiento de normas laborales contra el Ministerio de Trabajo, la Municipalidad de Lima y la pareja de empresarios.
La última audiencia virtual para resolver este caso se convocó el pasado miércoles 8 de mayo de 2024. Los padres de Luis y su abogado ingresaron al enlace de Google Meet que les proporcionó el juzgado. La Procuraduría Hacendaria también asistió a la sesión, pero los acusados no aparecieron. Ni siquiera un juez o un secretario judicial se conectó.
“Ese día era santo de mi hijo. Fui a dejarle flores, a cantarle Happy birthday y de ahí he venido corre, corre, corre porque dijeron que la audiencia sería a las 3 de la tarde. Hasta las 7 de la noche estuve esperando, pero no se hizo nada. El año pasado (2023) igualito fue en mayo, tampoco entraron”, relata Bertha.
Dos días después de la audiencia fallida, el 4° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente emitió una resolución dando por concluido el proceso legal. ¿El motivo? La inasistencia de las partes involucradas a las audiencias.
La familia de Bertha y su abogado presentaron un reclamo, adjuntando las pruebas de que ellos sí se conectaron. Pero ya les quedan pocas esperanzas. Después de siete años, la justicia les sigue siendo esquiva.
EL SISTEMA
“Yo no sabía ni dónde trabajaba. Nunca supe que lo estaban encerrando”, comenta Bertha Villalobos. Por sus conversaciones, sabía que Luis no podía salir a almorzar. Pero no le pareció extraño. Bertha tampoco podía salir cuando no estaba su jefa.
Bertha pensaba que su hijo trabajaba en una fábrica de fideos por el nombre de la galería: Nicolini. Recién aquel 22 de junio de 2017 supo que la galería estaba dedicada al comercio de ferretería y pintura.
Luis no compartía detalles de su trabajo. Sobre la manera que funcionaba su empleo, nunca manifestó que hubiera algo incorrecto y menos aún ilegal.
Luis y Jovi eran un par de muchachos que se hallaban dentro de un engranaje perverso en donde los derechos laborales y/o humanos tienen muy poca relevancia, tanto como para quienes explotan como para quienes son explotados ya que el dinero es lo primordial en un modelo económico que ve a los obreros como herramientas para obtener ganancias.
Para entender el monstruo que devoró a Luis y Jovi, tenemos que retroceder a los noventas. Durante la dictadura de Alberto Fujimori se aplicó una reforma laboral y una política económica de libre mercado sin planificación que flexibilizó los derechos laborales y que provocó la reducción del empleo en distintos sectores de manufactura del país, una de las actividades clave en la economía del país. Esto provocó que las tasas de desempleo de la mitad de los noventa sean superiores a las de los ochenta.
La informalidad también se incrementó del 52% en 1990 a 56,9% en 1997 en Lima Metropolitana. La inestabilidad de los trabajadores era una constante. Esto generó que se abriera un mercado oscuro e inseguro para los obreros que necesitan tener ingresos para sobrevivir. Una normalización y tolerancia a la explotación.
Dentro de la informalidad laboral, el trabajo forzoso y la trata de personas son delitos que fueron hallando un espacio y que persisten hasta la fecha.
Según un estudio realizado por CHS Alternativo y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en 2022, alrededor de 3,4 millones de peruanos se reconocen como víctimas de trabajo forzoso, pero el 54% de la población no comprende en qué consiste y el 18% no sabe a dónde acudir para pedir ayuda o denunciar.
“Es un problema común en situaciones de explotación. La conciencia respecto a la situación y sus alcances no es necesariamente identificada por las víctimas. Hay una serie de condicionamientos que pueden hacer que acepten situaciones de explotación. Por eso regresaban y no lo comentaban con sus familias. Probablemente no sabían que estaban pasando por una situación de trabajo forzoso o de trata de personas”, explica Luis Aguilar, director de Políticas y Estrategias de CHS Alternativo.
A diferencia del delito de trata de personas, sobre el cual hay una mayor capacidad de identificación, el trabajo forzoso aún parece difícil de reconocer y, por ello, de sancionar y prevenir.
“La explotación laboral, sea como parte de la trata o no, es difícil de identificar. Uno de los motivos es que, comparada con la explotación sexual, tiene mayor aceptación social. Pensemos en el caso del empleo doméstico, que siempre ha sido una cuna para casos de trabajo forzoso; hace pocos años recién tenemos una regulación que pone ciertos límites”, explica Sergio Rodríguez, abogado penalista especializado en temas laborales.
En 2023, el Ministerio Publicó registró 2.620 denuncias por trata de personas y 109 denuncias por trabajo forzoso hacia adultos y menores de edad. A la fecha, no existe ninguna sentencia por trabajo forzoso en Perú.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo forzoso se entiende como el trabajo que se realiza de manera involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera. Algunos indicadores de este delito son la limitación de la libertad de movimiento de los trabajadores, la retención de los salarios o de los documentos de identidad, las amenazas e intimidaciones, o las deudas fraudulentas de las cuales los trabajadores no pueden escapar.
Un Acuerdo Plenario del Poder Judicial publicado en 2023, además, expande la definición de trabajo forzoso como “obligar, a través de cualquier medio, incluido el abuso de la situación de vulnerabilidad, a una persona a realizar o continuar realizando un trabajo o servicio”.
Luis y Jovi vivían en esa situación, que ni ellos ni su entorno ni las autoridades pudieron reconocer como delito a tiempo.
La vulnerabilidad es el común denominador en las situaciones de explotación. Esta puede ser socioeconómica, cultural, física, psicológica o emocional, evita que las personas reconozcan que son víctimas de un delito y, a su vez, las mantiene expuestas a más violencia.
“Cuando mi hijito estaba en el colegio, a veces yo no tenía plata, me olvidaba su pasaje. No le daba y mi hijo se cansó. Me decía “Mamá, estás viejita, tu mano está arrugadita, yo voy a trabajar”, recuerda Bertha Villalobos.
Luis quería ser policía, pero después de terminar el colegio, y ver las necesidades económicas en su casa, descartó estudiar. A los 18 años, su amigo Jovi le comentó del trabajo en Las Malvinas.
Jovi Herrera Alania acababa de convertirse en padre y necesitaba tener ingresos en poco tiempo. Ambos vivían en un asentamiento humano en el distrito de Independencia, al norte de Lima. Y eran jóvenes, otro factor que los hacía vulnerables.
Los empleadores identifican cuando una persona necesita ingresos urgentes, y también saben que esta no será capaz de impedir condiciones que a todas luces están fuera de los estándares de un trabajo decente, explica Luis Aguilar, especialista de CHS Alternativo. Condiciones como laborar bajo llave, sin posibilidad de ir al baño, y comer y orinar en el mismo espacio donde trabajaban.
“Estaban en una situación de precariedad económica y ese era un trabajo de tipo manual, sencillo, además ilegal porque estaban falsificando. Era lo único que el mercado laboral les ofrecía. Estaban en una vulnerabilidad doble y en base a eso, ellos llegaron a ese lugar y permanecían en ese lugar siendo explotados. Probablemente, si el incendio no hubiera ocurrido o si no les hubiera costado la vida, habrían ido al día siguiente a seguir trabajando”, señala Aguilar.
El camino por el reconocimiento y sanción del trabajo forzoso ha sido largo y, en nuestro país es relativamente reciente. Aunque a nivel internacional la OIT hacía referencia a este delito desde 1930, el Código penal peruano incorporó el tipo penal de trabajo forzoso recién en enero del 2017. Meses antes de la muerte de Luis Huamán y Jovi Herrera en Las Malvinas.
“Además del reto que supone identificar el trabajo forzoso, está el reto de definir los distintos niveles de explotación laboral y de intervención. Si es incumplimiento de condiciones laborales, por ejemplo, tendrá que entrar Sunafil y la justicia laboral ordinaria, pero si se trata de esclavitud o de trabajo forzoso, corresponde intervención de la justicia penal y frecuentemente no se tienen claros los elementos que distinguen a estos delitos” explica el penalista Sergio Rodríguez.
Recién en marzo de este año se aprobó un Mecanismo de coordinación para la identificación y referenciación de casos de trabajo forzoso y/o trata de personas con fines de explotación laboral, elaborado por el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones, la OIT y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. El objetivo es fortalecer las capacidades de los funcionarios, promover instrumentos especializados que faciliten a funcionarios en distintas instancias priorizar acciones contra el trabajo forzoso.
Lamentablemente, uno de los mayores desafíos para combatir este delito es la informalidad. Como plantea Rodríguez, los beneficiados por el Mecanismo de coordinación podrían ser pocos, porque son pocos a los que Sunafil y Migraciones puedan llegar. “Todos sabían lo que pasaba en Las Malvinas, pero Sunafil nunca llegó a ir. Tiene pocos inspectores y supervisa al sector formal, sobre todo a empresas grandes. Por tanto, no se llega a todo el universo de casos y sobre todo, a los sectores más vulnerables”, señala el abogado.
A Bertha Villalobos le faltan unos años para llegar a los 60, pero sigue trabajando. Durante las mañanas vende ropa en un mercado del distrito de Independencia. Por las tardes, va al Mercado Central para comprar nueva mercadería.
Cada vez que puede, Bertha vuelve a Las Malvinas.
Siente que los comerciantes la miran mal, que la culpan por denunciar lo que ocurrió con su hijo y otros jóvenes. Su familia le ha pedido que por su seguridad deje de ir. Pero no puede evitarlo.
Quiere saber si harán una misa por el aniversario de la muerte de su hijo Luis. Pregunta, nadie sabe nada.
Bertha fija la mirada en una tienda frente a lo que hoy es el nuevo centro comercial Nicolini.
El 22 de junio de 2017, se quedó parada por horas afuera de esa tienda. Sus hijas mayores han borrado las fotos y videos que tenía de ese día. Bertha no las necesita. Esas imágenes están frescas en su memoria. Es el recuerdo de Luis el que la empuja a no rendirse.
Texto: Lucero Ascarza Canales
Fotos: Lucero Ascarza Canales
Edición: Jair Sarmiento Aquino
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Esta historia incorpora las herramientas brindadas en el Taller sobre trabajo forzoso y otras formas de esclavitud moderna (2da edición), realizado por el Proyecto Bridge Perú de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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